no le saca la vuelta a la ley

El estado de emergencia como forma de gobierno: suspensión de derechos o suspensión de la política?

Publicado: 2012-07-06

A esta hora ya hay 5 muertos y decenas de detenidos en Cajamarca debido a la brutal represión que el ejército y la policía ejercen sobre la población, agudizada por la suspensión de los derechos constitucionales en 3 provincias.

No es la primera vez que el gobierno de Ollanta Humala ha recurrido a esta medida para solucionar situaciones conflictivas, siendo que en diciembre aplicó la misma fórmula sobre Cajamarca por 60 días y solo hace 10 que acaba de levantarse el estado de excepción en la provincia de Espinar. De más está decir que el presidente no ha hablado ni tenido apariciones en ningún medio, y lamentablemente los mensajes de las autoridades han sido contradictorios y torpes. Sin embargo, las justificaciones para los asesinatos se han multiplicado tanto en líneas editoriales como en la opinión pública. Reina el caos y ya se canibaliza la ciudadanía polarizada entre los pros y los contras.

Qué habrá pasado con el Humala que era la esperanza contra la amenaza antipolítica que significaba el regreso del fujimorismo?.

Ollanta Humala ha adoptado los estados de emergencia como una vía alternativa al diálogo, lo cual reviste de autoritarismo su gestión. Pero para entendernos, creo que me será útil partir desde la definición de Giorgio Agamben sobre el particular: “(el estado de excepción es) ese momento del derecho en el que se suspende el derecho". Lógicamente si nos detenemos a pensar en que es una medida utilitaria, caeremos rápidamente en la cuenta que el objetivo de suspender derechos y garantías es simplemente poder tener mayor facilidad para hacer uso del poder, en este caso particular mediante la aplicación de una recia autoridad; se trata entonces de una paradoja: se rompe temporalmente el orden constitucional para luego no tener que hacerlo, sosteniendo el estado de derecho.

Tengo ciertos problemas al tratar de caracterizar lo que pasa en Cajamarca mediante esa definición, por 3 razones: por la intensión, intención y temporalidad de las medidas.

En cuanto a la intensión podríamos observar de que la desmedida fuerza con la que se actúa en este gobierno responde a una necesidad igualmente poderosa de volver al orden, es decir, es directamente proporcional a la amenaza política que pretende reprimir (20 policías para "capturar" al ex padre Arana, no son casualidad). El concepto que el ejército y la policía lumpenizados tienen de la ciudadanía frente a la cual se plantan es simple: son unos perros. Ahí tenemos completo el circuito, pues encontramos a lo político (el ciudadano politizado) como aquel extranjero peligroso al cual el estado normalizador quiere eliminar con todo el peso de su bota. A más angustia provocada, más fuerza merecida.

En cuanto a la intención se opone, como vemos, a lo político. Es decir que como en cualquier autoritarismo de lo que se trata es de romper los lazos sociales y dejarlos caducos en lo sucesivo, probar inútil la acción política mediante la represión y el (ab)uso de la fuerza. Esto no es nuevo, pues la misma táctica utilizó Fujimori muchas veces, aunque diría que con un grado mucho mayor de sofisticación. La idea es reducir a la ciudadanía a una condición de "nuda vida" en la que despojados ya del amparo del derecho, los individuos se disciplinen a la autoridad formal legalizando así lo ilegal. Así de vulgar.

La no temporalidad del estado de excepción es más bien una característica de la gestión Humala. Desde el pragmatismo apolítico del que se jacta cada que aparece ante cámaras se deduce un desprecio por las ideologías y los conceptos, pues explícitamente "lo suyo es la acción". Podríamos ser más específicos y decir que lo suyo es la "acción marcial" pues es lo que ha hecho desde que asumió el cargo, dejando atrás las alianzas, proyectos e idearios que lo catapultaron a la presidencia para, ya ligero de equipaje, tener más libertad para ejercer el poder fácticamente.

Por esas razones creo que no estamos hablando de un "estado de excepción", sino más bien de un "régimen de excepción" que ha hecho de la emergencia perpetua la base de una manera de sustentar el poder en la sospecha perenne, un movimiento ya ni siquiera antipolítico, sino apolítico, meramente funcional y que responde a la necesidad de mantener la hegemonía, así sea a costo de solo defender intereses ajenos (a diferencia de Fujimori, Alan García o Castañeda Lossio que siempre tuvieron claro que el poder no era un fin en sí, sino una herramienta para satisfacer sus intereses particulares). Es por ello que a Ollanta Humala le interesa un rábano hablar, porque no tendría nada que decir fuera de las tautologías a las que se reducen sus discursos.

No obstante esa ausencia discursiva oficial, sí existe una estructura en la que se sostiene este método autoritario y es la universalidad global del discurso capitalista, que si bien ha producido un debilitamiento en la autoridad simbólica, es decir un amo débil y necesitado de actos enérgicos para manifestarse como autoridad real, también ha empezado hace rato a fabricar ciudadanos absolutamente gozantes del orden del mercado y que por ello no pueden negarse a sostenerlo, individuos fundamentalistas que no dudan que el usufructo monetario es el mayor de los valores y que fuera de eso no hay desarrollo. El efecto del discurso capitalista moderno es la individuación radical de los sujetos, que no son capaces de reconocer la alteridad, a los otros y a su mundo.

El proyecto capitalista en el Perú pues, no habría encontrado mejor aliado que un gobierno autoritario como este, pues es él quien adopta los pasivos de lo que se va tramando más sutilmente por debajo de la mesa: la dictadura de lo privado por sobre el interés social. Desde ahí ya no hay diálogo posible porque el lugar de lo político del gobierno ha sido reemplazado por el imperio de los técnicos que no digamos que están más del lado del derecho, sino más bien de la violencia legalizada.

Si la candidatura de Ollanta Humala era nuestra esperanza de resistencia contra la antipolítica, lo que hemos obtenido con su ascenso es la continuidad de ella hasta involucionarla a un estadio rudimentario y chapucero, pues no es sino la política lo que hace el puente entre el derecho y la violencia, separándolos. Este gobierno ha optado por el camino contrario, que es el de eliminar ese puente y fundir ambos lados.


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